La ratificación de un informe psicológico puede situar al perito ante preguntas insistentes, formulaciones incómodas e intentos de poner a prueba sus conclusiones. Todo ello forma parte del contexto judicial. El problema aparece cuando la interacción deja de centrarse en el contenido técnico y se transforma en un enfrentamiento con el abogado.
En ese momento, el profesional puede empezar a responder al interlocutor en lugar de responder a la pregunta.
La diferencia es importante. El abogado desempeña una función procesal y puede cuestionar la metodología, señalar contradicciones o proponer interpretaciones diferentes. El perito, en cambio, no necesita derrotar esa argumentación. Su tarea consiste en proporcionar al tribunal una explicación técnica suficientemente clara para que pueda valorar el alcance de la prueba pericial.
Cuando esta distinción se pierde, incluso un informe sólido puede resultar perjudicado por la forma en que se presenta.
Una pregunta crítica no constituye necesariamente una acusación contra el profesional.
Durante un interrogatorio pueden plantearse cuestiones sobre:
Precisamente porque una pericial puede influir en decisiones importantes, es razonable que su razonamiento sea examinado.
Interpretar este examen como una amenaza personal modifica la función de la respuesta.
En lugar de pensar “¿qué información técnica necesita el tribunal?”, el profesional puede empezar a pensar “¿cómo demuestro que el abogado está equivocado?”.
Y ahí comienza la trampa.
Algunas preguntas pueden cuestionar decisiones que el perito considera evidentes o técnicamente bien justificadas. Otras pueden simplificar su trabajo de manera que resulte frustrante.
Es comprensible que aparezca incomodidad.
Sin embargo, responder desde esa incomodidad puede provocar:
El contenido de la respuesta puede incluso ser correcto y, aun así, perder claridad por la dinámica interpersonal.
El profesional no necesita responder a la actitud que atribuye al abogado.
Necesita responder al contenido de la pregunta.
Durante la declaración es fácil anticipar lo que una pregunta “pretende conseguir”.
El perito puede pensar que el abogado intenta desacreditar una prueba, demostrar una contradicción o llevarle hacia una afirmación concreta.
Quizá sea cierto.
Pero construir la respuesta alrededor de esa intención percibida puede generar problemas.
El profesional empieza a contestar a preguntas que todavía no se han formulado, introduce información innecesaria o evita respuestas sencillas por temor a las consecuencias estratégicas.
Una alternativa más segura consiste en centrarse en la pregunta efectivamente realizada.
Si necesita matización, puede añadirse después.
No es necesario anticipar todo el interrogatorio.
Una reacción frecuente ante preguntas críticas consiste en proporcionar explicaciones muy extensas.
La intención suele ser proteger el informe mediante contexto adicional.
Sin embargo, cuanto más se amplía una respuesta, mayor es la posibilidad de introducir:
Una respuesta breve no significa una respuesta débil.
Si preguntan si una prueba permite determinar causalidad, puede bastar inicialmente con:
“no, esa prueba por sí sola no permite establecer causalidad”.
Después, si es necesario, se explica su función.
La precisión suele proteger mejor el razonamiento que la sobreexplicación defensiva.
A veces una pregunta utiliza incorrectamente un concepto psicológico.
En esos casos puede ser necesario aclararlo.
Por ejemplo:
“Si me permite precisar, esa prueba evalúa sintomatología, no credibilidad”.
La aclaración es técnicamente relevante.
El problema aparece cuando cada imprecisión se convierte en una oportunidad para corregir al interlocutor.
Entonces la declaración puede transformarse en una competición sobre quién utiliza mejor la terminología.
El tribunal necesita comprender la cuestión, no asistir a una disputa conceptual.
Corregir solo aquello que realmente afecta al significado de la pregunta permite mantener el foco.
Evitar el enfrentamiento tampoco significa aceptar cualquier formulación.
Una pregunta puede contener una premisa que el informe no sostiene.
Por ejemplo:
“Dado que usted ha demostrado que existe manipulación, ¿qué consecuencias produce?”
Si el informe no ha demostrado tal cosa, responder directamente a la segunda parte puede implicar aceptar una premisa incorrecta.
En ese caso conviene delimitarla:
“Mi informe no establece que exista manipulación. Lo que señala es…”
Esto no constituye confrontación.
Es precisión.
La diferencia está en corregir la premisa necesaria para responder, sin convertir esa corrección en una disputa con quien formula la pregunta.
Puede ocurrir que una misma cuestión sea planteada varias veces con formulaciones distintas.
El profesional puede interpretar esa insistencia como una provocación o como una señal de que su respuesta anterior no ha sido aceptada.
Entonces aparece la tentación de responder con mayor contundencia.
Sin embargo, si la respuesta técnica sigue siendo la misma, puede mantenerse.
“No puedo establecerlo con los datos disponibles” continúa siendo válido aunque la pregunta se repita.
No es necesario convertirlo posteriormente en “definitivamente no ocurrió” solo para cerrar la discusión.
La repetición de una pregunta no aumenta la evidencia disponible.
Un interrogatorio puede ser firme, rápido o incluso incómodo.
Responder reproduciendo ese tono introduce una escalada que rara vez beneficia al contenido pericial.
La calma no significa pasividad.
El profesional puede discrepar claramente:
“no estoy de acuerdo con esa interpretación por estas razones”.
También puede corregir:
“esa no es exactamente la conclusión de mi informe”.
O delimitar:
“no dispongo de información para responder a esa cuestión”.
Lo importante es que la forma de responder siga determinada por la evidencia y no por el estilo del interrogatorio.
Una pregunta sobre metodología puede sentirse como una pregunta sobre capacidad profesional.
Por ejemplo:
“¿por qué no utilizó esta prueba?”
“¿no considera insuficiente una sola entrevista?”
“¿conoce las limitaciones de este instrumento?”
La reacción defensiva puede llevar al perito a hablar de sus años de experiencia, formación o número de evaluaciones realizadas.
Esa información puede ser relevante en algunos momentos, pero no responde necesariamente a la cuestión metodológica.
Si preguntan por qué se eligió un instrumento, la respuesta debería explicar por qué era adecuado para el objetivo de evaluación.
El enfrentamiento con el abogado puede producir además un cambio progresivo en el lenguaje.
Una conclusión inicialmente prudente puede volverse cada vez más categórica a medida que aumenta la presión.
El profesional puede pasar de:
“los resultados son compatibles con esta hipótesis”
a:
“esta es claramente la explicación”
y finalmente:
“no existe ninguna otra posibilidad razonable”.
Sin embargo, la evidencia no ha cambiado durante ese intercambio.
Lo que ha cambiado es la dinámica interpersonal.
Durante una ratificación puede aparecer una observación correcta de la parte que interroga.
Tal vez una frase fue demasiado amplia, una limitación podría haberse explicado mejor o existe una alternativa que merece reconocimiento.
Aceptar ese punto no significa perder el interrogatorio.
Por ejemplo:
“sí, estoy de acuerdo en que esa prueba por sí sola no permite esa conclusión; mi valoración se basa en el conjunto de estos otros elementos”.
Esta respuesta puede resultar más sólida que intentar negar una limitación evidente.
La necesidad de no conceder absolutamente nada pertenece a una lógica adversarial.
No necesariamente a una lógica pericial.
Cuando un abogado propone otra explicación, el profesional puede sentirse obligado a desmontarla inmediatamente.
Sin embargo, una hipótesis alternativa es también una oportunidad para mostrar el razonamiento.
Puede responderse:
“esa posibilidad fue considerada”.
Después conviene explicar qué datos la apoyan, cuáles no y por qué recibió un peso determinado.
Incluso puede ocurrir que la alternativa no se hubiera considerado anteriormente.
En ese caso, el perito puede analizar hasta dónde sería razonable responder sin improvisar:
“no valoré específicamente esa hipótesis y no sería adecuado concluir ahora sin analizarla”.
Esta respuesta preserva mejor el método que una refutación improvisada.
Aunque el abogado formule la pregunta, el destinatario final de la explicación es el tribunal.
Esta idea puede modificar notablemente la forma de responder.
En vez de intentar convencer a quien interroga, el profesional puede preguntarse:
¿qué necesita entender el juez sobre esta cuestión?
Esto favorece respuestas menos personales y más estructuradas.
Una secuencia sencilla puede ser:
Respuesta directa → fundamento → límite.
Por ejemplo:
“Sí, esa contradicción fue considerada. Le otorgué un peso limitado porque procede de una fuente indirecta y aparece posteriormente en el expediente. Aun así, constituye una limitación y no permite excluir completamente la alternativa”.
La respuesta no busca ganar una discusión.
Hace visible el análisis.
No todas las dificultades proceden del perito.
Una pregunta puede contener varias cuestiones, utilizar términos ambiguos o resultar difícil de comprender.
No es necesario intentar responderla de inmediato.
Puede solicitarse precisión:
“¿se refiere al resultado de la prueba o a mi conclusión global?”
o indicar:
“hay dos cuestiones diferentes en esa pregunta; si le parece, puedo responderlas por separado”.
Pedir aclaración resulta preferible a construir una respuesta sobre una interpretación incorrecta.
Además, ayuda a evitar respuestas excesivas destinadas a cubrir todas las posibilidades.
Existen ocasiones en las que la respuesta técnicamente correcta consiste simplemente en delimitar.
Por ejemplo:
“eso no fue objeto de mi evaluación”.
“no puedo valorar a una persona que no he examinado”.
“esa es una cuestión jurídica, no psicológica”.
“los datos disponibles no permiten establecerlo”.
Estas respuestas pueden mantenerse aunque exista insistencia.
No necesitan acompañarse de una actitud combativa.
Un límite metodológico sigue siendo un límite aunque resulte poco satisfactorio para alguna de las partes.
Durante la preparación o incluso después de una ratificación, puede ser útil revisar algunas señales:
Estas señales no implican por sí mismas una actuación inadecuada.
Sin embargo, pueden indicar que la interacción está empezando a condicionar el razonamiento y la comunicación.
La trampa del enfrentamiento con el abogado consiste en aceptar una dinámica que no pertenece realmente a la función pericial.
Las partes pueden defender interpretaciones opuestas del caso. El experto no necesita ocupar una posición equivalente.
Su tarea es diferente.
Puede discrepar. Puede corregir una premisa. Puede mantener firmemente una conclusión cuando los datos la respaldan. También puede reconocer una limitación o admitir que determinada cuestión no puede resolverse con la información disponible.
Nada de ello requiere convertir la ratificación en un enfrentamiento personal.
Cuando el perito deja de intentar vencer al interlocutor y vuelve a centrarse en hacer comprensible la evidencia, protege mejor tanto el informe como su independencia profesional.
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