El peligro del perito salvador aparece cuando un profesional de la psicología forense comienza a asumir, de manera explícita o implícita, que su intervención debe proteger a una persona, reparar una injusticia o conseguir un determinado resultado judicial. Aunque estas motivaciones pueden surgir de una preocupación genuina por el bienestar ajeno, pueden comprometer la independencia que exige la actividad pericial.
La evaluación psicológica forense no persigue los mismos objetivos que una intervención terapéutica. Mientras que la relación clínica se orienta principalmente hacia las necesidades asistenciales del paciente, la actuación pericial tiene como finalidad responder a cuestiones concretas mediante procedimientos fundamentados.
Por ello, el psicólogo forense no debe confundir la comprensión del sufrimiento con la obligación de defender una versión de los hechos.
El problema no reside en mostrar sensibilidad ante situaciones difíciles, sino en permitir que el deseo de ayudar determine las conclusiones antes de completar la evaluación.
La expresión perito salvador no constituye una categoría diagnóstica ni un concepto técnico formalmente delimitado. Se utiliza aquí para describir una posición profesional en la que el evaluador comienza a identificarse con la necesidad de rescatar o proteger a una de las personas implicadas.
Esta identificación puede desarrollarse de forma gradual.
Por ejemplo, durante una evaluación, el profesional puede conocer experiencias de sufrimiento, vulnerabilidad o desprotección que generan una respuesta emocional intensa.
En estas circunstancias, puede aparecer la percepción de que una conclusión desfavorable supondría un daño adicional para la persona evaluada.
Sin embargo, esta preocupación puede modificar la manera en que se interpretan los datos.
El evaluador deja de preguntarse exclusivamente qué permite concluir la evidencia y comienza a considerar qué conclusión podría beneficiar más a la persona.
El riesgo aparece cuando el objetivo de proteger sustituye al objetivo de evaluar.
Esta diferencia resulta fundamental porque una conclusión pericial no puede justificarse por sus consecuencias deseadas, sino por la información que la sustenta.
La empatía constituye una capacidad importante para desarrollar entrevistas respetuosas y comprender las experiencias de las personas evaluadas.
Sin embargo, empatizar no significa asumir como propia su interpretación de los acontecimientos.
En el contexto forense, una persona puede expresar sufrimiento intenso y relatar circunstancias especialmente difíciles. El profesional debe escuchar, comprender y evaluar esa información sin convertir automáticamente el relato en una conclusión sobre los hechos.
Esto puede manifestarse mediante una necesidad creciente de confirmar su versión, protegerla de preguntas difíciles o evitar conclusiones que puedan perjudicarla.
Además, la identificación puede reducir la disposición a considerar hipótesis alternativas.
Por ello, resulta importante diferenciar entre una actitud profesional sensible y una implicación que modifica el razonamiento.
La empatía facilita la comprensión; la identificación no regulada puede condicionar la interpretación.
Una de las consecuencias más importantes del papel de perito salvador es la posibilidad de seleccionar la información de manera desigual.
El evaluador puede prestar mayor atención a los datos que apoyan una hipótesis protectora y minimizar aquellos que introducen dudas.
Por ejemplo, en una evaluación relacionada con un conflicto familiar, determinados comportamientos pueden interpretarse sistemáticamente como indicadores de vulnerabilidad de una de las partes.
Al mismo tiempo, información contradictoria puede recibir menos atención o considerarse irrelevante sin una justificación suficiente.
Este proceso no requiere necesariamente una intención consciente de manipular los resultados.
Por tanto, la prevención exige procedimientos que permitan identificar información favorable y desfavorable para cada hipótesis.
Una evaluación rigurosa debe examinar también los datos que podrían cuestionar la explicación inicialmente considerada.
Por ejemplo, un profesional puede interpretar una reacción emocional como evidencia suficiente de una experiencia traumática concreta.
Sin embargo, la presencia de malestar psicológico no permite establecer automáticamente qué acontecimientos lo produjeron.
Del mismo modo, una persona que presenta dificultades de adaptación no necesariamente ha experimentado los hechos específicos que se investigan.
Cuando el evaluador asume que su función consiste en proteger, puede experimentar las explicaciones alternativas como amenazas para esa finalidad.
En consecuencia, la evaluación deja de funcionar como un proceso de contraste y comienza a organizarse alrededor de una conclusión preferida.
Esto resulta especialmente problemático cuando se utilizan expresiones categóricas que no reflejan la incertidumbre de los datos.
Una hipótesis no adquiere mayor validez porque sus consecuencias parezcan moralmente deseables.
La fundamentación científica requiere examinar qué información apoya una interpretación y qué datos podrían debilitarla.
La intervención clínica y la evaluación forense pueden compartir conocimientos y técnicas, pero presentan objetivos y responsabilidades diferentes.
En el ámbito terapéutico, el profesional trabaja para favorecer el bienestar y el funcionamiento de la persona atendida.
En cambio, la evaluación pericial se orienta a responder una cuestión planteada en un procedimiento, manteniendo independencia respecto al resultado judicial.
Esta diferencia afecta a la relación profesional, la obtención de información y la comunicación de conclusiones.
Por ejemplo, durante una intervención terapéutica puede resultar apropiado priorizar determinados objetivos asistenciales.
Sin embargo, en una evaluación forense no sería adecuado evitar sistemáticamente preguntas relevantes porque podrían generar incomodidad.
Naturalmente, la exploración debe realizarse con respeto, proporcionalidad y atención a las necesidades de la persona.
El problema aparece cuando las precauciones necesarias se transforman en una renuncia injustificada a examinar información relevante.
Por ello, el evaluador debe explicar claramente la finalidad de su intervención y evitar generar expectativas propias de una relación terapéutica.
El riesgo de identificación puede resultar especialmente relevante cuando se evalúan personas que presentan circunstancias de vulnerabilidad.
Por ejemplo, la exploración de menores, personas con discapacidad o individuos que refieren experiencias de violencia requiere sensibilidad y procedimientos adecuados.
Sin embargo, reconocer la vulnerabilidad no significa asumir automáticamente la veracidad de todos los hechos relatados.
Tampoco implica que el profesional deba formular conclusiones orientadas a conseguir una determinada medida judicial.
La evaluación debe considerar las necesidades de protección y, al mismo tiempo, mantener la diferenciación entre datos, hipótesis y conclusiones.
Además, una actitud protectora mal entendida puede generar efectos no deseados.
Por ejemplo, introducir preguntas sugestivas, reforzar determinadas respuestas o evitar explorar contradicciones relevantes puede afectar a la calidad de la información obtenida.
En consecuencia, proteger a una persona durante la evaluación no equivale a orientar los resultados.
La protección debe expresarse mediante procedimientos respetuosos y adecuados, no mediante conclusiones previamente determinadas.
Una dificultad habitual consiste en interpretar la independencia pericial como una exigencia de distancia emocional absoluta.
Sin embargo, la objetividad no requiere ignorar el sufrimiento ni adoptar una actitud fría.
El profesional puede reconocer el malestar, adaptar la entrevista a las necesidades de la persona y evitar prácticas innecesariamente perjudiciales.
Al mismo tiempo, debe mantener una actitud crítica respecto a las hipótesis que se formulan.
Por tanto, la neutralidad metodológica no implica indiferencia ante las consecuencias humanas del procedimiento.
Implica que dichas consecuencias no deben determinar la interpretación de los datos.
Esta distinción resulta especialmente importante porque una evaluación rigurosa también puede contribuir a la protección de las personas.
Sin embargo, esa contribución debe derivarse de conclusiones fundamentadas, no de una intención previa de alcanzar un resultado específico.
El papel de perito salvador también puede aparecer cuando el profesional comienza a asumir las expectativas de quien solicita la evaluación.
Por ejemplo, una de las partes puede presentar el procedimiento como una oportunidad para demostrar una injusticia o conseguir protección frente a otra persona.
Aunque estas preocupaciones pueden ser comprensibles, no deberían convertirse en los objetivos científicos del informe.
El hecho de que una evaluación sea solicitada por una parte no elimina la necesidad de independencia técnica.
Además, el profesional debe evitar comprometerse anticipadamente con una conclusión favorable.
La función pericial consiste en examinar la cuestión planteada y comunicar los resultados, incluso cuando estos no coinciden con las expectativas de quien encargó el trabajo.
Por ello, resulta importante delimitar desde el inicio el objeto de la evaluación y explicar que las conclusiones dependerán de la información obtenida.
La identificación emocional puede reflejarse en la manera en que se redacta el informe.
Por ejemplo, determinadas expresiones pueden presentar a una persona exclusivamente como víctima de una situación y a otra como responsable, incluso cuando esas categorías jurídicas todavía se encuentran sometidas a valoración judicial.
Este estilo puede dificultar la diferenciación entre hechos documentados, relatos de las partes e interpretaciones psicológicas.
Por ello, conviene utilizar formulaciones descriptivas y atribuir adecuadamente la información a sus fuentes.
En lugar de afirmar que una persona «ha sido sometida a una situación de maltrato» cuando ese hecho todavía no se encuentra establecido, puede resultar más preciso indicar que «refiere haber experimentado determinadas conductas» y analizar los hallazgos psicológicos pertinentes.
Esta precaución no implica cuestionar automáticamente el relato.
Simplemente evita que el informe psicológico sustituya la determinación judicial de los hechos.
La identificación con una de las partes también puede afectar a la intervención del profesional durante la ratificación judicial.
Por ejemplo, el perito puede interpretar las preguntas críticas como ataques personales o intentos de perjudicar a la persona evaluada.
Además, cuando el profesional se siente responsable del resultado judicial, puede experimentar dificultades para reconocer limitaciones del informe.
En consecuencia, la ratificación deja de centrarse en explicar el procedimiento y comienza a orientarse hacia la defensa de una conclusión.
Sin embargo, responder a preguntas críticas forma parte del examen de la prueba pericial.
Por ello, el profesional debe mantener la capacidad de reconocer incertidumbres, explicar decisiones metodológicas y aceptar que determinadas interpretaciones puedan ser cuestionadas.
La solidez del informe no depende de impedir cualquier crítica, sino de que sus conclusiones puedan sostenerse mediante los datos disponibles.
Prevenir este riesgo requiere reconocer que las motivaciones personales pueden influir en el razonamiento profesional.
Para ello, conviene establecer procedimientos que favorezcan la independencia y el contraste de hipótesis.
Entre las medidas más relevantes se encuentran:
Estas precauciones no eliminan completamente la influencia de los sesgos, pero contribuyen a reducir sus efectos.
Además, cuando la implicación personal compromete de manera significativa la independencia, puede resultar necesario valorar la conveniencia de no asumir o continuar una intervención concreta.
La independencia constituye una condición esencial para que las conclusiones psicológicas puedan resultar útiles en el proceso judicial.
Sin embargo, no debe confundirse con ausencia de sensibilidad o compromiso ético.
El profesional puede reconocer situaciones de sufrimiento, comprender necesidades de protección y actuar de manera respetuosa sin asumir como propia la finalidad procesal de una de las partes.
De hecho, mantener la independencia contribuye a evitar que las personas evaluadas sean perjudicadas por conclusiones insuficientemente fundamentadas.
Asimismo, protege la calidad de la información que recibe el tribunal.
Por tanto, la responsabilidad profesional no consiste en conseguir un resultado favorable, sino en ofrecer una valoración psicológica rigurosa, transparente y ajustada a la cuestión planteada.
El peligro del perito salvador aparece cuando el deseo de proteger o reparar una situación condiciona el proceso de evaluación psicológica.
Aunque la empatía y la sensibilidad resultan necesarias para desarrollar una intervención respetuosa, no deben transformarse en una identificación que determine las conclusiones.
El riesgo puede manifestarse mediante selección desigual de información, confirmación prematura de hipótesis, lenguaje persuasivo o dificultades para reconocer limitaciones durante la ratificación.
Por ello, resulta fundamental diferenciar entre las necesidades de las personas evaluadas y los objetivos científicos de la pericia.
En definitiva, la función del psicólogo forense no consiste en salvar a una de las partes, sino en aportar conocimiento especializado que permita comprender las cuestiones evaluadas con el mayor rigor posible.
La independencia no impide actuar con sensibilidad. Por el contrario, constituye una de las principales garantías de que la intervención profesional no quede subordinada a expectativas, emociones o resultados previamente deseados.
Perito psicólogo forense. Informes para procedimientos penales y de familia en toda España.
