El concepto de riesgo ocupa un lugar relevante en psicología forense, especialmente en evaluaciones relacionadas con la violencia, la reincidencia delictiva, la protección de menores y determinadas decisiones judiciales. Su utilización permite identificar circunstancias que podrían aumentar la probabilidad de acontecimientos futuros y orientar medidas preventivas. Sin embargo, también puede convertirse en una categoría excesivamente amplia cuando se emplea para justificar conclusiones sin definir con precisión qué se pretende predecir, mediante qué procedimiento y con qué grado de incertidumbre.
El problema no reside en evaluar riesgos, sino en atribuir a determinadas observaciones una capacidad predictiva que no ha sido suficientemente demostrada. Cuando una posibilidad se presenta como una probabilidad elevada, o cuando una preocupación profesional se transforma en una afirmación técnica, el lenguaje del riesgo puede adquirir una apariencia de objetividad que no siempre corresponde a la calidad de la evidencia disponible.
Por ello, resulta fundamental examinar qué significa realmente hablar de riesgo en una evaluación psicológica y cuáles son los límites de las inferencias que pueden formularse.
En términos generales, el riesgo hace referencia a la posibilidad de que ocurra un acontecimiento desfavorable. Sin embargo, en el ámbito forense, una evaluación técnicamente útil necesita ir más allá de esta definición.
No basta con afirmar que existe riesgo. Es necesario identificar qué acontecimiento se considera posible, durante qué periodo y bajo qué circunstancias.
Por ejemplo, señalar que una persona presenta riesgo de violencia puede resultar insuficiente si no se diferencia entre violencia física, amenazas, intimidación u otras manifestaciones conductuales.
Asimismo, la estimación puede variar según el contexto. Una persona puede presentar determinados factores asociados a conductas violentas en unas circunstancias y no en otras.
En consecuencia, el riesgo no debería tratarse como una característica fija de la persona, independiente de su entorno y de las condiciones en las que se encuentra.
Además, una estimación de riesgo no constituye una predicción individual infalible. Incluso cuando se utilizan instrumentos validados, los resultados expresan asociaciones probabilísticas y no permiten determinar con certeza qué hará una persona concreta.
Confundir ambos niveles puede generar una falsa sensación de precisión.
Una de las principales dificultades del concepto de riesgo aparece cuando se utilizan indistintamente términos que representan cuestiones diferentes.
La posibilidad indica que un acontecimiento puede producirse. La probabilidad se refiere a la estimación de su ocurrencia bajo determinadas condiciones. Por su parte, la gravedad describe las consecuencias potenciales del acontecimiento.
Aunque estos elementos pueden relacionarse, no son equivalentes.
Un suceso puede ser muy grave y, al mismo tiempo, poco probable. Del mismo modo, un acontecimiento relativamente frecuente puede presentar consecuencias menos severas.
Por ejemplo, en una evaluación relacionada con conflictos familiares, la existencia de una situación potencialmente perjudicial no permite concluir automáticamente que exista una probabilidad elevada de daño psicológico significativo.
Para sostener esta última afirmación sería necesario disponer de indicadores adecuados y justificar cómo se relacionan con el resultado que se pretende estimar.
Sin embargo, cuando la gravedad potencial de un acontecimiento adquiere demasiado protagonismo, puede producirse una sobreestimación de su probabilidad.
Este fenómeno resulta especialmente relevante en contextos donde las consecuencias de un posible error generan una preocupación comprensible.
La importancia de prevenir un daño no elimina la necesidad de demostrar que el riesgo estimado posee fundamento técnico.
La identificación de factores de riesgo constituye una parte importante de numerosas evaluaciones forenses. No obstante, su presencia no demuestra necesariamente que una persona vaya a realizar una conducta determinada.
Un factor de riesgo es una variable que, en determinadas poblaciones y condiciones, se ha asociado con una mayor probabilidad de un resultado.
Por ejemplo, ciertos antecedentes conductuales, patrones de consumo problemático o dificultades de regulación emocional pueden resultar relevantes en evaluaciones específicas.
Sin embargo, estos indicadores no poseen necesariamente el mismo valor predictivo en todos los contextos.
Además, algunos factores presentan asociaciones relativamente inespecíficas y pueden aparecer en personas que nunca desarrollarán la conducta que se pretende anticipar.
Por ello, identificar varios factores no significa que sus efectos puedan sumarse de manera intuitiva.
La importancia de cada indicador depende del modelo de evaluación utilizado, de la población de referencia y de las relaciones existentes entre las variables.
El error aparece cuando se interpreta la acumulación de características desfavorables como una demostración directa de peligrosidad.
En ese momento, una herramienta destinada a organizar información probabilística puede convertirse en un mecanismo de etiquetado psicológico.
Otro problema aparece cuando el concepto de riesgo se utiliza simultáneamente como conclusión y como justificación.
Por ejemplo, puede afirmarse que una persona presenta un riesgo elevado porque manifiesta determinados comportamientos preocupantes. Posteriormente, esos mismos comportamientos se consideran especialmente graves porque proceden de una persona previamente clasificada como de alto riesgo.
Este razonamiento puede resultar difícil de detectar cuando se emplea terminología técnica.
Expresiones como «perfil de riesgo», «indicadores compatibles» o «dinámica de peligrosidad» pueden transmitir una impresión de precisión sin especificar los criterios que permiten llegar a esas conclusiones.
Para evitarlo, es necesario explicar qué variables se han considerado, cómo se han evaluado y qué relación empírica mantienen con el resultado que se pretende estimar.
Asimismo, debería quedar claro qué información podría modificar la clasificación inicial.
Una evaluación de riesgo no debería ser un procedimiento en el que cualquier dato termine confirmando la peligrosidad previamente atribuida.
La evaluación estructurada del riesgo ha desarrollado instrumentos y procedimientos destinados a mejorar la consistencia de las estimaciones.
Entre ellos se encuentran las herramientas actuariales y los modelos de juicio profesional estructurado.
Las primeras utilizan reglas de combinación de variables derivadas de investigaciones empíricas. Los segundos organizan la valoración profesional mediante factores definidos y criterios de interpretación, incorporando información contextual relevante.
Ambos enfoques presentan posibilidades y limitaciones.
Por una parte, pueden reducir determinadas formas de subjetividad y favorecer una evaluación más transparente. Por otra, su utilidad depende de la población para la que fueron desarrollados, de la finalidad de la evaluación y de la calidad de los datos disponibles.
Además, un instrumento puede mostrar una capacidad adecuada para diferenciar grupos con distintos niveles de riesgo sin ofrecer necesariamente una predicción individual precisa.
También es importante distinguir entre la capacidad discriminativa de una herramienta y la calibración de sus estimaciones probabilísticas.
Una clasificación como «riesgo alto» no equivale automáticamente a una probabilidad numérica determinada.
Por ello, no resulta adecuado utilizar las categorías de un instrumento como si fueran porcentajes de reincidencia, salvo que existan datos de calibración pertinentes que permitan justificar esa interpretación.
El uso de herramientas reconocidas tampoco sustituye la necesidad de explicar sus limitaciones.
Una forma especialmente problemática de utilizar el concepto de riesgo consiste en interpretar la ausencia de determinados indicadores como una manifestación indirecta de peligrosidad.
Por ejemplo, la falta de conductas violentas recientes puede considerarse insuficiente para modificar una hipótesis de riesgo previamente establecida. Esta cautela puede estar justificada en determinadas circunstancias, especialmente cuando existen factores históricos relevantes.
Si aparecen indicadores desfavorables, se consideran confirmatorios. Si no aparecen, se argumenta que el riesgo permanece oculto, latente o temporalmente contenido.
De esta manera, la hipótesis deja de estar sometida a una comprobación efectiva.
Una evaluación rigurosa debe reconocer que algunos factores históricos no pueden modificarse, pero también examinar cómo evolucionan las circunstancias dinámicas y qué significado poseen los nuevos datos.
La ausencia de determinados comportamientos no demuestra necesariamente que el riesgo haya desaparecido. No obstante, tampoco debería descartarse automáticamente su posible relevancia.
La cuestión consiste en establecer previamente cómo se interpretarán los distintos resultados.
En procedimientos relacionados con custodia, parentalidad y protección infantil, el lenguaje del riesgo puede adquirir un peso considerable.
Expresiones como «riesgo emocional», «riesgo para el desarrollo» o «situación potencialmente perjudicial» pueden utilizarse para describir preocupaciones muy diferentes.
Sin embargo, estas categorías necesitan una definición operativa.
No es equivalente identificar un conflicto entre progenitores, observar dificultades emocionales en un menor o establecer que existe una probabilidad elevada de daño psicológico atribuible a una determinada conducta parental.
Cada afirmación requiere evidencia específica.
Asimismo, la presencia de malestar emocional no permite determinar automáticamente su causa ni anticipar su evolución.
Por ello, una evaluación debería examinar las características del menor, las circunstancias familiares, los factores protectores y las posibles explicaciones alternativas.
También conviene diferenciar las situaciones de peligro inmediato de aquellas en las que se pretende estimar un posible perjuicio futuro.
Esta distinción no implica minimizar las necesidades de protección. Al contrario, permite fundamentar mejor las recomendaciones y evitar restricciones desproporcionadas basadas en formulaciones demasiado generales.
El concepto de riesgo puede utilizarse de manera retrospectiva para respaldar una recomendación previamente establecida.
Esto ocurre cuando la evaluación comienza con una conclusión práctica —por ejemplo, restringir un contacto, mantener una medida de supervisión o recomendar una intervención— y posteriormente se seleccionan indicadores que parecen justificarla.
En estos casos, la valoración del riesgo deja de orientar la decisión y pasa a funcionar como su explicación.
El problema se agrava cuando no se consideran alternativas menos restrictivas o cuando se confunden las preferencias del profesional con exigencias derivadas de la evidencia.
Una evaluación técnicamente adecuada debería separar tres cuestiones:
Una valoración rigurosa no necesita presentar predicciones categóricas para resultar útil.
Su función consiste en identificar escenarios relevantes, estimar el riesgo dentro de los límites de los procedimientos empleados y explicar qué circunstancias podrían modificarlo.
Para ello, resulta recomendable definir con claridad el acontecimiento que se pretende anticipar, el horizonte temporal y las condiciones bajo las cuales se formula la estimación.
Cuando se emplean categorías de riesgo, debería explicarse qué significan dentro del procedimiento utilizado y qué inferencias permiten realizar.
Además, conviene identificar las limitaciones de la información disponible y evitar expresiones que transmitan una precisión superior a la realmente alcanzada.
Por ejemplo, afirmar que determinados factores justifican una vigilancia específica no equivale a asegurar que se producirá una conducta violenta.
De igual manera, reconocer que existen condiciones protectoras no significa garantizar la ausencia de acontecimientos futuros.
La calidad de la evaluación depende de mantener esta proporcionalidad entre evidencia, incertidumbre y conclusión.
El concepto de riesgo resulta imprescindible en numerosos ámbitos de la psicología forense. Sin embargo, su utilidad depende de que se emplee con criterios definidos y dentro de los límites de la evidencia disponible.
Identificar una posibilidad no equivale a demostrar una probabilidad elevada. Del mismo modo, detectar factores asociados a determinados resultados no permite anticipar con certeza el comportamiento individual.
Cuando estas diferencias desaparecen, el lenguaje del riesgo puede utilizarse para justificar interpretaciones circulares, atribuciones de peligrosidad o recomendaciones cuya fundamentación resulta insuficiente.
En definitiva, la función del análisis forense no consiste en eliminar toda incertidumbre sobre el futuro, sino en ofrecer una valoración del riesgo transparente, proporcionada y técnicamente fundamentada.
Reconocer los límites de la predicción no debilita la evaluación. Permite distinguir entre una preocupación legítima y una conclusión psicológica que realmente puede sostenerse.
Perito psicólogo forense. Informes para procedimientos penales y de familia en toda España.
