La psicología forense tiene como función aportar conocimiento especializado al proceso judicial. El perito analiza cuestiones psicológicas que requieren formación técnica y traduce sus resultados de manera que puedan resultar útiles para el tribunal. Sin embargo, existe un riesgo importante cuando el perito se extralimita y empieza a formular conclusiones que superan el alcance de su evaluación, sus competencias o la propia pregunta pericial.
La extralimitación no siempre aparece de forma evidente. Puede producirse mediante una frase aparentemente pequeña, una interpretación demasiado amplia o una conclusión que convierte un dato psicológico en una decisión jurídica.
Por ejemplo, una cosa es valorar determinadas capacidades parentales y otra afirmar directamente qué régimen de custodia debería establecerse. Del mismo modo, analizar características de un relato no equivale a decidir si los hechos ocurrieron.
La utilidad del perito depende, en gran medida, de saber hasta dónde puede llegar.
Una evaluación forense se desarrolla dentro de un procedimiento jurídico, pero eso no convierte al psicólogo en juez.
El profesional puede aportar información sobre:
Sin embargo, la decisión jurídica corresponde al tribunal.
El problema aparece cuando una conclusión psicológica se transforma directamente en una afirmación legal. El informe deja entonces de ayudar al juez a comprender una cuestión técnica y comienza a ocupar parte de su función decisoria.
Mantener esta diferencia no reduce la utilidad de la pericial. Al contrario, permite que cada profesional opere dentro de su ámbito de competencia.
Una de las formas más frecuentes de extralimitación consiste en responder cuestiones que no fueron objeto de evaluación.
Imaginemos que el encargo consiste en valorar el impacto psicológico de determinados acontecimientos. Durante la evaluación pueden aparecer numerosos datos sobre personalidad, relaciones familiares o funcionamiento previo.
Estos elementos pueden ser relevantes para contextualizar el caso. Sin embargo, no autorizan automáticamente al profesional a emitir conclusiones sobre cualquier aspecto psicológico detectado.
Un informe debería diferenciar entre:
La existencia de información no implica necesariamente competencia para pronunciarse sobre ella.
También puede existir extralimitación dentro de la propia cuestión evaluada.
Por ejemplo, puede comprobarse que una persona presenta sintomatología ansiosa. De ahí no se deriva automáticamente que un acontecimiento concreto sea su causa exclusiva.
Del mismo modo, detectar dificultades cognitivas no permite necesariamente determinar cómo actuó la persona en un momento pasado específico.
El problema aparece cuando se producen saltos como:
síntoma → causa
rasgo → conducta concreta
compatibilidad → demostración
riesgo → predicción individual
Cada paso adicional requiere evidencia propia.
Cuanto mayor sea la distancia entre el dato observado y la conclusión formulada, mayor debería ser la cautela.
La evaluación del testimonio constituye un ámbito particularmente sensible.
Un psicólogo puede analizar aspectos relacionados con:
Sin embargo, afirmar que una persona “dice la verdad” o que “los hechos ocurrieron” implica ir mucho más allá de aquello que la psicología puede establecer por sí sola.
Por ello, conviene distinguir entre analizar un relato y asumir la función de determinar los hechos.
En procedimientos de familia también pueden confundirse funciones.
Evaluar competencias parentales permite estudiar aspectos como:
Sin embargo, decidir jurídicamente un régimen concreto implica integrar muchos elementos que no pertenecen exclusivamente a la psicología.
Un informe puede explicar ventajas, dificultades o factores psicológicos relevantes de distintas situaciones. No obstante, debería evitar presentar una recomendación jurídica como si fuera una consecuencia automática de una prueba psicológica.
La diferencia puede parecer pequeña, pero metodológicamente es importante.
La extralimitación también puede aparecer a través de la forma de redactar.
No es igual escribir:
“se observan dificultades que podrían interferir en determinadas funciones parentales”
que afirmar:
“el progenitor no debería ejercer la custodia”.
La primera formulación se mantiene dentro del análisis psicológico. La segunda introduce directamente una decisión que depende del tribunal y de factores jurídicos más amplios.
Algo similar ocurre con expresiones como:
Un lenguaje contundente puede hacer que el informe parezca más útil, pero también puede sobrepasar los límites de la evidencia.
Otro ámbito de extralimitación aparece cuando el profesional atribuye intenciones.
Una conducta puede observarse.
Una motivación, en cambio, suele inferirse.
Por ejemplo, afirmar que una persona:
requiere un nivel de evidencia mucho mayor que describir simplemente la conducta observada.
Puede existir una hipótesis sobre la función de esa conducta, pero debería mantenerse diferenciada de una afirmación sobre intención consciente.
La explicación psicológica no debería convertirse en lectura directa de la mente.
Un diagnóstico también puede facilitar extralimitaciones.
Una etiqueta clínica puede aportar información relevante sobre determinados patrones, pero no explica automáticamente todas las decisiones de una persona.
Por ejemplo, disponer de un diagnóstico no permite concluir sin más:
El diagnóstico constituye una parte de la evaluación.
Su significado forense depende del funcionamiento específico y de la cuestión que se intenta responder.
Otra forma frecuente de extralimitación consiste en formular conclusiones psicológicas sobre alguien que no ha sido evaluado directamente.
Puede ocurrir en procedimientos familiares o conflictivos, donde una persona describe detalladamente el comportamiento de otra.
Esta información puede incorporarse como relato del evaluado. Sin embargo, no permite realizar un diagnóstico del tercero.
Un informe debería evitar afirmaciones como:
“el otro progenitor presenta rasgos narcisistas”
si esa persona no ha sido evaluada mediante un procedimiento adecuado.
En cambio, puede indicarse:
“la persona evaluada describe determinadas conductas de su expareja”.
Mantener la fuente visible evita transformar información indirecta en evaluación psicológica.
Los instrumentos psicológicos también tienen un alcance limitado.
Una prueba de personalidad no decide custodia. Una escala de síntomas no demuestra causalidad. Un resultado de memoria no determina automáticamente la veracidad de un relato.
Por ello, antes de utilizar un resultado conviene preguntarse:
Una misma conducta puede tener relevancia psicológica y jurídica, pero ambos niveles no son equivalentes.
El perito puede explicar que una persona presentaba determinadas limitaciones cognitivas. El tribunal decidirá qué significado jurídico tienen esas limitaciones.
Puede señalar dificultades de regulación emocional. El juez determinará cómo se integran con el resto de la prueba.
Puede identificar factores de riesgo. Eso no significa que pueda predecir con certeza un comportamiento futuro.
Por tanto, una pericial útil entrega información técnica sin transformar automáticamente cada resultado en una consecuencia jurídica.
Durante la ratificación, el profesional puede recibir preguntas que exceden el contenido del informe.
En esos casos, una respuesta adecuada puede ser:
Saber no responder también forma parte de la competencia pericial.
Puede existir la idea de que un buen perito debería poder responder prácticamente cualquier pregunta relacionada con el caso.
Sin embargo, la especialización profesional funciona precisamente mediante límites.
Un informe suele resultar más sólido cuando diferencia entre:
La seguridad técnica no consiste en opinar sobre todo.
Consiste en saber qué puede afirmarse con fundamento.
Algunas preguntas pueden ayudar antes de redactar una conclusión:
Si alguna respuesta genera dudas, probablemente sea necesario limitar o reformular la conclusión.
Un informe limitado no es necesariamente un informe pobre.
De hecho, una conclusión bien delimitada puede ser más útil que otra aparentemente más completa.
El tribunal necesita saber exactamente qué significa cada hallazgo y hasta dónde puede utilizarlo.
Cuando el perito distingue datos, inferencias y límites, facilita esa tarea.
En cambio, una conclusión que abarca demasiado obliga posteriormente a separar aquello que realmente pertenece al conocimiento psicológico de lo que constituye una opinión más amplia.
Cuando el perito se extralimita, el problema no es únicamente formal. Una conclusión puede adquirir un peso que los datos no justifican, una interpretación psicológica puede transformarse en afirmación jurídica o una hipótesis puede presentarse como si fuera un hecho demostrado.
La función del experto no consiste en resolver todo el procedimiento.
Consiste en aportar conocimiento especializado dentro de unos límites claros.
Un perito técnicamente sólido no es quien responde a todas las preguntas.
Es quien sabe cuáles puede responder, con qué evidencia y hasta dónde resulta legítimo llegar.
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