En los últimos años, el concepto de disociación ha ganado una presencia creciente en informes psicológicos judiciales. Utilizado inicialmente para describir fenómenos clínicos específicos, su uso se ha ido ampliando hasta convertirse, en algunos casos, en un recurso explicativo general para justificar lagunas, incoherencias o reacciones atípicas en el relato.
Este desplazamiento del concepto desde lo clínico a lo justificativo plantea un problema técnico relevante: la disociación empieza a emplearse sin evaluación específica, perdiendo precisión diagnóstica y valor pericial.
La disociación no es un término genérico que pueda aplicarse a cualquier alteración del recuerdo o de la experiencia subjetiva. Desde una perspectiva clínica, hace referencia a procesos específicos de desconexión entre conciencia, memoria, identidad, percepción o control de la conducta.
Se trata de un fenómeno complejo, con manifestaciones diversas y con criterios clínicos definidos. No toda confusión, bloqueo emocional o dificultad narrativa constituye disociación.
El abuso del concepto aparece cuando la disociación se utiliza como explicación automática de cualquier dificultad en el testimonio. En estos casos, el término deja de describir un proceso evaluado y pasa a funcionar como etiqueta justificativa.
Este uso acrítico puede observarse cuando se invoca disociación sin haber explorado alternativas explicativas como estrés, ansiedad, interferencias de memoria, evitación emocional o efectos del propio proceso judicial.
La relación entre disociación y memoria es compleja y no lineal. Aunque ciertos estados disociativos pueden afectar a la integración del recuerdo, no toda fragmentación narrativa es indicativa de disociación.
Uno de los riesgos más relevantes es utilizar la disociación como un argumento que blinda el relato frente al análisis técnico. Cuando cualquier incoherencia se explica mediante disociación, el concepto deja de ser clínico y se convierte en un escudo interpretativo.
Esto no solo empobrece el análisis, sino que dificulta la contradicción pericial y reduce la transparencia del razonamiento.
Hablar de disociación exige responder a preguntas concretas:
¿qué tipo de disociación?, ¿en qué momentos?, ¿con qué indicadores?, ¿con qué intensidad?, ¿con qué efectos funcionales?
El lenguaje pericial puede reforzar el abuso del concepto cuando se emplean expresiones amplias o ambiguas que sugieren disociación sin describirla. Términos imprecisos pueden transmitir al tribunal una explicación técnica que, en realidad, no ha sido evaluada.
Nombrar un fenómeno no equivale a haberlo demostrado.
El uso indebido de la disociación puede generar:
El problema no es reconocer la disociación cuando existe, sino invocarla cuando no se ha evaluado.
Un abordaje técnico exige:
La disociación debe explicarse, no presuponerse.
El psicólogo forense tiene la responsabilidad de evitar que conceptos clínicos complejos se conviertan en argumentos comodín. Su función es aclarar qué puede afirmarse con base evaluativa y qué permanece como hipótesis.
Proteger al evaluado no implica renunciar al análisis técnico.
El abuso del concepto de disociación no solo debilita el informe pericial, sino que desvirtúa un fenómeno clínico real y relevante. En psicología forense, los conceptos deben utilizarse con el mismo rigor con el que fueron definidos.
La disociación existe, pero no explica todo, ni puede sustituir a una evaluación clínica cuidadosa y bien delimitada.
