El concepto de victimización secundaria surge con una finalidad clara: describir el daño añadido que puede generar el sistema institucional cuando una persona que ha sufrido un hecho traumático se enfrenta a procesos inadecuados, revictimizantes o insensibles. Sin embargo, su progresiva incorporación al lenguaje judicial y pericial ha traído consigo un problema relevante: su uso acrítico y extensivo, desvinculado de una evaluación psicológica concreta.
Cuando la victimización secundaria se invoca de forma automática, sin análisis técnico específico, el concepto pierde precisión y se transforma en un argumento genérico que aparenta sensibilidad, pero debilita el rigor pericial.
Desde una perspectiva técnica, la victimización secundaria no es una etiqueta aplicable por defecto. Se refiere a efectos psicológicos adversos derivados de la interacción con el sistema, no del hecho traumático original. Implica, por tanto, un proceso posterior y diferenciado.
No toda incomodidad, malestar o disconformidad con el procedimiento constituye victimización secundaria. Tampoco lo es cualquier experiencia emocional negativa asociada al proceso judicial. Confundir estos planos supone ampliar indebidamente el concepto hasta vaciarlo de contenido clínico.
El uso indebido de la victimización secundaria suele aparecer cuando:
En estos casos, el concepto deja de describir un fenómeno evaluado y pasa a funcionar como marco interpretativo automático.
Uno de los usos más problemáticos consiste en emplear la victimización secundaria como refuerzo indirecto de credibilidad. Se asume que el sufrimiento vinculado al proceso confirma la veracidad del relato inicial, cuando ambos planos son conceptualmente distintos.
La existencia de malestar durante el procedimiento no valida los hechos narrados ni convierte el testimonio en incuestionable. Confundir sufrimiento con veracidad supone trasladar el análisis del plano técnico al emocional.
Cuando la victimización secundaria se utiliza como argumento defensivo frente a cualquier cuestionamiento técnico, se genera un efecto de blindaje del relato. El análisis crítico puede interpretarse entonces como una nueva forma de daño, lo que distorsiona el papel de la evaluación pericial.
La función del perito no es evitar el malestar a toda costa, sino analizar con rigor psicológico los efectos del proceso, diferenciando entre daño real, estrés esperable y reacciones emocionales comprensibles pero no patológicas.
Otro problema habitual es la ausencia de identificación clara de qué conducta institucional estaría generando la victimización secundaria. Sin esta delimitación, el concepto se vuelve difuso.
Para hablar técnicamente de victimización secundaria debería poder describirse:
Sin estos elementos, el término se utiliza de forma declarativa, no evaluativa.
El lenguaje pericial puede amplificar este problema cuando se emplean expresiones vagas o categóricas que no reflejan el nivel real de evidencia. Frases genéricas pueden transmitir al tribunal una certeza que no se corresponde con el análisis realizado.
Nombrar la victimización secundaria sin explicar cómo se ha evaluado y qué la sostiene convierte el concepto en un recurso retórico más que clínico.
El uso indebido de la victimización secundaria puede tener efectos relevantes:
Un concepto mal utilizado no protege mejor: distorsiona la decisión judicial.
Un abordaje técnico exige:
La victimización secundaria existe, pero no puede asumirse sin evaluación.
El concepto de victimización secundaria cumple una función importante cuando se utiliza con precisión clínica y prudencia pericial. Su uso indebido, en cambio, lo transforma en una etiqueta amplia que pierde valor explicativo y técnico.
En psicología forense, proteger a la persona evaluada no es incompatible con analizar con rigor. De hecho, solo el análisis riguroso permite una protección real y sostenible.
