El problema aparece cuando la intención de evitar un acontecimiento negativo se considera suficiente para legitimar cualquier actuación. Bajo esta lógica, una intervención puede presentarse como adecuada simplemente porque persigue una finalidad protectora, aunque no se haya demostrado que contribuya realmente a alcanzarla.
Por ello, resulta necesario diferenciar entre la legitimidad de un objetivo preventivo y la calidad de los procedimientos utilizados para conseguirlo. Una medida puede perseguir una finalidad razonable y, al mismo tiempo, resultar ineficaz, innecesaria o producir consecuencias contraproducentes.
Una de las confusiones más frecuentes consiste en asumir que actuar preventivamente significa intervenir ante cualquier posibilidad de riesgo.
Sin embargo, la existencia de un acontecimiento potencialmente perjudicial no demuestra que todas las medidas destinadas a evitarlo sean necesarias.
La prevención requiere identificar un problema suficientemente definido, comprender los factores que contribuyen a su aparición y seleccionar intervenciones cuya utilidad pueda justificarse.
Por ejemplo, la existencia de conflictos recurrentes en un determinado entorno puede motivar la implantación de medidas preventivas. No obstante, estas deberían responder a las características concretas del problema y no únicamente a una percepción general de inseguridad.
Además, una intervención excesiva puede generar efectos secundarios que también deben considerarse.
Por tanto, la ausencia de intervención no constituye automáticamente una negligencia, del mismo modo que intervenir no garantiza una mayor protección.
La decisión debe depender de la información disponible, de las alternativas existentes y de las consecuencias previsibles de cada opción.
El lenguaje preventivo puede adquirir una fuerza considerable cuando se plantea la posibilidad de consecuencias especialmente graves.
En estas circunstancias, cuestionar una intervención puede interpretarse erróneamente como una falta de preocupación por la seguridad.
Una intervención debe examinarse atendiendo tanto a la probabilidad del acontecimiento como a la eficacia esperada de la medida.
También resulta necesario considerar sus costes, sus posibles efectos adversos y las restricciones que introduce.
Por ejemplo, una estrategia de vigilancia intensiva puede plantearse para reducir determinadas conductas. Sin embargo, su utilidad no puede deducirse únicamente de que aumente la supervisión.
Es necesario comprobar si modifica efectivamente los comportamientos que pretende prevenir y si existen alternativas menos intrusivas capaces de obtener resultados semejantes.
La finalidad protectora de una intervención no constituye, por sí sola, una prueba de su eficacia.
Esta distinción resulta especialmente importante cuando las medidas preventivas afectan a derechos individuales o producen consecuencias duraderas.
En criminología, las intervenciones preventivas pueden apoyarse en diferentes modelos explicativos y niveles de evidencia.
Algunas estrategias se orientan a modificar oportunidades delictivas, mientras que otras buscan intervenir sobre factores individuales, sociales o comunitarios.
Sin embargo, no todas las actuaciones que parecen razonables desde una perspectiva intuitiva han demostrado producir los resultados esperados.
En ocasiones, una intervención se considera eficaz porque transmite una sensación de control, aumenta la visibilidad institucional o responde a una preocupación social.
Estos efectos pueden tener relevancia en determinados contextos, pero no equivalen necesariamente a una reducción de la delincuencia.
Para valorar adecuadamente una estrategia preventiva, resulta necesario examinar qué resultados pretende modificar y mediante qué mecanismos se espera conseguirlos.
Asimismo, deben considerarse los estudios disponibles, las características de la población destinataria y las condiciones necesarias para su aplicación.
Una medida que ha mostrado resultados favorables en un contexto puede no producir efectos equivalentes en otro.
Por ello, la prevención basada en evidencia exige evitar tanto la aplicación automática de programas como la confianza exclusiva en la experiencia profesional.
El aumento del control puede formar parte de determinadas estrategias preventivas, pero ambos conceptos no son equivalentes.
Una medida restrictiva puede modificar temporalmente las oportunidades de cometer una conducta sin intervenir sobre los factores que favorecen su aparición.
Además, algunas estrategias pueden desplazar el problema hacia otros lugares, momentos o modalidades de actuación.
Por ejemplo, incrementar la vigilancia en un espacio concreto puede reducir determinados incidentes en ese lugar. Sin embargo, para valorar el resultado global sería necesario comprobar si la conducta disminuye realmente o simplemente se traslada.
Esto no significa que las medidas de control carezcan de utilidad. Su eficacia depende del problema que se pretende abordar y de las condiciones de aplicación.
La dificultad aparece cuando el control se convierte en un objetivo en sí mismo.
En ese momento, la intensidad de la supervisión puede utilizarse como indicador de éxito, aunque no exista evidencia suficiente sobre su impacto preventivo.
Una intervención no debería considerarse eficaz únicamente porque permite ejercer un mayor control sobre las personas o los espacios.
Otro problema aparece cuando una intervención preventiva se mantiene sin establecer criterios claros para revisar su necesidad.
Una medida puede introducirse inicialmente ante circunstancias específicas y continuar aplicándose incluso cuando estas han cambiado.
En ocasiones, su permanencia se justifica mediante la posibilidad de que el problema reaparezca si se retira.
Aunque esta preocupación puede resultar legítima, también puede generar un razonamiento difícil de contrastar.
Si se producen nuevos incidentes, se argumenta que la medida sigue siendo necesaria. Si no se producen, se interpreta que su ausencia demuestra la eficacia de la intervención y, por tanto, la necesidad de mantenerla.
De este modo, cualquier resultado termina respaldando la continuidad de la actuación.
Para evitarlo, conviene establecer desde el principio objetivos verificables, indicadores de resultado y condiciones de revisión.
También resulta importante considerar explicaciones alternativas de los cambios observados, ya que una reducción de incidentes puede depender de factores distintos de la intervención aplicada.
La prevención necesita mecanismos de evaluación capaces de identificar cuándo una medida funciona, cuándo debe modificarse y cuándo deja de estar justificada.
Las estrategias preventivas pueden dirigirse a poblaciones generales, grupos específicos o personas que presentan determinadas necesidades.
Sin embargo, aplicar intervenciones intensivas sin diferenciar adecuadamente los niveles de necesidad puede generar consecuencias negativas.
Por ejemplo, algunas actuaciones diseñadas para personas con una elevada probabilidad de reincidencia pueden resultar innecesarias o contraproducentes cuando se aplican indiscriminadamente a individuos con necesidades diferentes.
Asimismo, determinadas medidas pueden favorecer procesos de estigmatización si se basan en características generales que no permiten identificar adecuadamente el problema que se pretende prevenir.
La pertenencia a un grupo social, la existencia de determinadas dificultades personales o la presencia de antecedentes aislados no deberían utilizarse automáticamente como justificación de intervenciones restrictivas.
La selección de destinatarios requiere criterios transparentes y suficientemente fundamentados.
Además, debe diferenciarse entre ofrecer recursos preventivos y establecer medidas coercitivas, puesto que ambas actuaciones presentan implicaciones distintas.
En consecuencia, una estrategia preventiva adecuada debería ajustar la intensidad de la intervención a las necesidades identificadas, evitando restricciones innecesarias.
La proporcionalidad constituye un criterio esencial cuando las medidas preventivas pueden afectar a derechos, libertades o condiciones de vida.
No basta con identificar un posible beneficio. También es necesario examinar si la intervención resulta adecuada para alcanzar el objetivo propuesto y si existen alternativas menos restrictivas.
Por ejemplo, ante un problema de convivencia o una situación de conflicto, pueden existir diferentes estrategias de actuación.
Algunas estarán orientadas a mejorar las condiciones ambientales, otras a facilitar recursos de apoyo y otras a introducir medidas de supervisión.
La selección debería considerar tanto la evidencia disponible como las consecuencias previsibles para las personas afectadas.
Además, la proporcionalidad no puede establecerse exclusivamente mediante una valoración psicológica.
El análisis criminológico puede aportar información sobre factores relevantes, mecanismos preventivos y resultados esperados. Sin embargo, la ponderación jurídica de derechos y restricciones corresponde a las autoridades competentes.
Esta diferenciación permite evitar que una recomendación técnica se presente como una decisión obligatoria.
La evaluación de las intervenciones preventivas presenta una dificultad particular: su objetivo consiste precisamente en evitar acontecimientos que podrían no haberse producido incluso sin intervención.
Para establecer una relación causal es necesario considerar qué habría ocurrido razonablemente en ausencia de la intervención.
Este problema puede abordarse mediante diseños de evaluación adecuados, grupos de comparación, análisis temporales u otros procedimientos metodológicos, según las características del programa.
Sin embargo, cuando estos elementos no están disponibles, las conclusiones deben reflejar esa limitación.
También resulta importante distinguir entre resultados inmediatos y efectos sostenidos.
Una reducción temporal de incidentes puede no mantenerse después de finalizar una intervención. Asimismo, determinados programas pueden producir beneficios en unas variables y efectos desfavorables en otras.
Por tanto, evaluar la prevención exige analizar resultados relevantes y no limitarse a comprobar que se realizaron las actividades previstas.
La ejecución de un programa no constituye una demostración de su efectividad.
El concepto de prevención puede utilizarse para justificar actuaciones muy diferentes, incluso cuando responden a objetivos que no han sido claramente definidos.
En ocasiones, se presentan como preventivas medidas orientadas principalmente al control, la sanción, la gestión institucional o la reducción de determinadas molestias.
Estas finalidades no son necesariamente incompatibles con la prevención, pero tampoco deberían confundirse automáticamente con ella.
Por ejemplo, una actuación puede facilitar la gestión de un espacio sin reducir los factores asociados a la conducta delictiva.
Del mismo modo, una medida puede aumentar la percepción subjetiva de seguridad sin modificar significativamente la frecuencia de los incidentes.
La evaluación debe identificar qué resultado se pretende alcanzar y qué evidencia permite vincular la intervención con dicho resultado.
Cuando esta relación no se establece, el término prevención corre el riesgo de funcionar como una etiqueta legitimadora.
Una estrategia preventiva rigurosa debería comenzar con una definición precisa del problema.
Para ello, conviene establecer algunos criterios básicos:
Estos elementos no garantizan que una estrategia produzca los resultados esperados, pero permiten someterla a un análisis más transparente.
Asimismo, facilitan distinguir entre intervenciones que cuentan con evidencia favorable y aquellas cuya eficacia permanece incierta.
La incertidumbre no impide necesariamente actuar, especialmente cuando existen necesidades urgentes de protección. Sin embargo, exige justificar la decisión, limitar su alcance cuando corresponda y revisar sus efectos.
La prevención del delito constituye una herramienta fundamental para reducir daños y mejorar la seguridad. No obstante, su importancia no debería convertirla en un argumento capaz de justificar cualquier intervención.
Una medida preventiva necesita demostrar, en la medida de lo posible, que responde a un problema definido, que dispone de una fundamentación razonable y que sus consecuencias resultan proporcionadas.
Asimismo, debe diferenciarse entre la intención de prevenir, la aplicación efectiva de una intervención y la comprobación de sus resultados.
Confundir estos niveles puede favorecer estrategias excesivamente restrictivas, programas ineficaces o decisiones que se mantienen sin criterios claros de revisión.
La calidad de una intervención preventiva no depende únicamente de aquello que pretende evitar, sino también de la evidencia que respalda su utilización y de los efectos que realmente produce.
Perito psicólogo forense. Informes para procedimientos penales y de familia en toda España.
