La relación entre juez y perito parte de una distinción esencial: el perito aporta conocimiento técnico, mientras que la decisión jurídica corresponde al juez. Esta diferencia puede parecer evidente, pero muchos problemas de los informes periciales aparecen precisamente cuando ambas funciones comienzan a mezclarse.
Un juez no necesita que el psicólogo decida por él. Tampoco espera necesariamente una explicación psicológica exhaustiva de cada aspecto del caso. Lo que necesita es información especializada que le permita comprender mejor cuestiones que quedan fuera de su conocimiento técnico ordinario.
Por ello, un buen informe no se mide solo por la cantidad de pruebas aplicadas, el número de páginas o la complejidad del lenguaje. Su utilidad depende de algo más básico: que responda de forma clara, fundamentada y limitada a la cuestión pericial planteada.
El objetivo no es impresionar con psicología.
Es ayudar a interpretar correctamente información psicológica relevante para una decisión judicial.
Toda evaluación debería partir de una pregunta pericial claramente definida. Sin ella, el informe corre el riesgo de convertirse en una descripción extensa de la persona evaluada sin una conexión clara con el procedimiento.
Por ejemplo, no es lo mismo valorar:
Cada cuestión exige procedimientos e inferencias diferentes.
Uno de los errores más frecuentes consiste en responder preguntas que nadie ha formulado. Un informe puede incluir diagnósticos, historia personal, rasgos de personalidad y resultados psicométricos extensos y, sin embargo, dejar poco clara la respuesta a la cuestión que motivó la pericial.
Por tanto, una primera expectativa razonable del juez es sencilla: que el informe responda a lo que se ha solicitado.
El lenguaje técnico puede ser necesario, pero no debería convertirse en una barrera.
Un juez no necesita dominar terminología psicológica para entender qué significa un resultado. Corresponde al perito traducir el conocimiento especializado a un lenguaje preciso, sin simplificar en exceso y sin llenar el informe de conceptos que no aportan información útil.
Por ejemplo, mencionar una puntuación psicométrica tiene poco valor si no se explica:
La claridad no reduce el rigor. De hecho, obliga al profesional a mostrar mejor su razonamiento.
Cuando una conclusión solo parece convincente porque está rodeada de terminología técnica, puede existir un problema de fundamentación.
Una conclusión pericial debería poder reconstruirse.
El lector necesita comprender el recorrido entre:
datos → interpretación → conclusión.
Si el informe afirma que existe una determinada afectación, debería ser posible identificar qué información concreta sustenta esa afirmación.
Puede proceder de:
Sin embargo, no basta con enumerarlas. El informe debe explicar cómo se integran.
Una conclusión adquiere mayor valor cuando el juez puede comprender por qué determinados datos reciben peso y otros se consideran menos relevantes.
En contexto judicial puede existir una fuerte demanda de respuestas claras. Sin embargo, eso no significa que el perito deba transformar incertidumbre en certeza.
Una evaluación puede encontrar apoyo para una hipótesis sin poder demostrarla completamente. Del mismo modo, puede identificar limitaciones que impidan responder con seguridad a una cuestión concreta.
Expresiones como:
pueden ser técnicamente más adecuadas que una afirmación categórica.
La función del perito no consiste en eliminar toda incertidumbre, sino en indicar cuánto puede sostenerse razonablemente con los datos disponibles.
Una expectativa fundamental es que el informe no mezcle niveles de información.
No es lo mismo afirmar:
“la persona refiere haber sufrido amenazas”
que escribir:
“la persona sufrió amenazas”.
La primera formulación identifica la fuente de la información. La segunda presenta como hecho algo que puede encontrarse precisamente en discusión.
Algo similar ocurre con las interpretaciones psicológicas. Observar que una persona evita responder a una pregunta no equivale automáticamente a demostrar que está ocultando información.
Un informe útil diferencia claramente entre:
Esta separación permite al juez valorar correctamente el alcance de cada afirmación.
El psicólogo puede analizar fenómenos psicológicos relevantes para una decisión jurídica, pero debería evitar utilizar conceptos legales como si fueran diagnósticos clínicos.
Por ejemplo, corresponde al juez determinar cuestiones como responsabilidad jurídica, credibilidad jurídica o interés superior del menor en sentido decisorio.
El perito puede aportar información sobre:
Sin embargo, transformar estos datos directamente en una conclusión jurídica puede sobrepasar su función.
El informe resulta más útil cuando deja clara la frontera entre conocimiento experto y decisión judicial.
Otra expectativa importante es que las conclusiones no aparezcan desconectadas del resto del informe.
Frases como:
“se considera que el relato es creíble”
o
“se estima que el progenitor no resulta idóneo”
son especialmente problemáticas si no se han delimitado previamente los criterios utilizados.
Cuanto mayor sea el impacto potencial de una conclusión, mayor debería ser la transparencia sobre:
La conclusión debería condensar el análisis.
No reemplazarlo.
Un informe pericial no pierde valor por reconocer sus límites.
Al contrario, resulta más interpretable.
Entre las limitaciones relevantes pueden encontrarse:
Estas limitaciones no implican necesariamente que el informe sea inútil. Sin embargo, sí modifican el grado de certeza que puede atribuirse a sus conclusiones.
Ocultarlas puede generar una impresión de precisión superior a la realmente disponible.
El juez no necesita conocer cada detalle técnico de la evaluación, pero el procedimiento debe resultar comprensible y justificable.
Por ejemplo, debería quedar claro:
La metodología no debería parecer una sucesión automática de técnicas.
Cada decisión debe responder a la cuestión pericial.
Un instrumento puede ser válido y, aun así, resultar irrelevante para el problema concreto.
Otra expectativa central es la independencia.
El perito puede ser propuesto por una de las partes, pero su razonamiento técnico no debería construirse para favorecerla.
Esto implica aplicar un estándar semejante a información favorable y desfavorable.
Algunas señales de riesgo serían:
La independencia no significa ausencia de conclusión.
Significa que esa conclusión debería poder mantenerse aunque resulte incómoda para la parte que solicitó el informe.
Un perito puede declarar con enorme seguridad y estar utilizando un razonamiento débil. Del mismo modo, otro puede expresar cautela y ofrecer una evaluación metodológicamente más sólida.
La seguridad comunicativa puede facilitar la comprensión durante una vista oral, pero no debería confundirse con precisión científica.
Un juez necesita conocer el nivel real de apoyo de una conclusión.
Por ello, expresiones categóricas deberían reservarse para situaciones en las que la evidencia permita realmente ese grado de confianza.
La contundencia verbal no puede compensar una base empírica limitada.
Una buena pericial debería poder ser examinada críticamente.
Preguntas como:
no deberían percibirse como ataques al profesional.
Forman parte de la revisión del razonamiento.
Si una conclusión solo se mantiene mientras nadie examine sus pasos intermedios, probablemente su solidez es limitada.
En ocasiones, el deseo de resultar útil lleva al profesional a pronunciarse sobre demasiadas cuestiones.
Sin embargo, reconocer que una pregunta queda fuera de la propia competencia o que los datos no permiten responderla puede ser precisamente una señal de rigor.
El perito debería distinguir entre:
Esta delimitación protege tanto la calidad técnica del informe como su utilidad judicial.
Aunque cada procedimiento es diferente, existen características que suelen aumentar el valor de una evaluación:
En conjunto, estos elementos permiten al juez utilizar el conocimiento psicológico sin delegar en el perito una decisión que sigue siendo jurídica.
La relación entre juez y perito funciona mejor cuando cada profesional mantiene claramente su función.
El juez aporta el marco jurídico y adopta la decisión. El perito aporta conocimiento especializado para interpretar aspectos psicológicos relevantes que requieren formación específica.
Por ello, un informe útil no es necesariamente el más extenso, el que contiene más pruebas o el que formula conclusiones más contundentes. Es aquel que permite comprender qué se ha evaluado, qué información se ha encontrado, cómo se ha interpretado y hasta dónde puede llegar razonablemente esa interpretación.
Un buen perito no intenta sustituir al juez.
Tampoco oculta la incertidumbre detrás de lenguaje técnico.
Su función consiste en hacer visible el razonamiento psicológico, delimitar sus límites y ofrecer información suficientemente clara para que la decisión judicial pueda tomarse con un conocimiento técnico mejor fundamentado.
Perito psicólogo forense. Informes para procedimientos penales y de familia en toda España.
